Por Eduardo Gutiérrez Arias
Pasó la primera vuelta electoral del 31 de mayo y allí los resultados han despejado el camino hacia la presidencia de Colombia en el período 2026 al 2030. Los colombianos tienen dos diferentes opciones: o un gobierno autoritario y despótico dirigido por Abelardo de la Espriella, o una democracia participativa defensora de derechos humanos a cargo de Iván Cepeda.
Sin aclarar las denuncias y demandas por fraude, el resultado del preconteo para La Espriella fue de 10.361.413 votos, con el 43.74% del total, y para Cepeda de 9.688.245 votos, con una diferencia entre los dos de 673.168 sufragios que representan el 2.84% del total. Para el resto de candidatos más el voto en blanco quedó un saldo de 3.928.646 votos, con el 15.37% del resultado. Ahí está el centro político que se disputarán los dos candidatos y que, sumado al voto abstencionista que logre movilizarse el 21 de junio, definirá quién será el próximo presidente.
Debemos reconocer que el instinto de unidad de la derecha colombiana ha contribuido a mantenerla en el poder en estos 200 años de gobierno republicano. En este caso, cuando la izquierda amenaza su hegemonía y existe el riesgo de otros cuatro años de reformas democráticas en los campos económico, social y cultural, el Centro Democrático no tuvo vergüenza para abandonar a su candidata Paloma Valencia y apoyar a Abelardo de la Espriella, a pesar del oscuro pasado profesional de este personaje como abogado de la mafia, con infinidad de pleitos judiciales y un estilo chabacano y vulgar, como ese gesto de mostrarle a una periodista su miembro viril para intentar afirmar su hombría.
Esa unidad de la derecha se muestra en todos los gremios del gran capital (ANIF, ANDI, FENALCO, SAC, FEDEGAN), donde sólo existe una organización, mientras los trabajadores se dejan dispersar en varios sindicatos en una misma empresa y los campesinos también se diluyen en múltiples asociaciones.
El programa de la derecha es acabar los avances sociales en empleo, salarios dignos, educación, salud y servicios públicos domiciliarios para el pueblo, privatizando empresas como las electrificadoras y varias más de servicios públicos (la propuesta es reducir el Estado en un 40%), dejando a las fuerzas del mercado actuar libremente en una economía neoliberal. Esto se apoya con un régimen de estirpe fascista que no reconoce derechos al pueblo.
El verdadero poder quedará en manos de los grandes monopolios del capital internacional, como lo viene haciendo en El Salvador con Nayib Bukele, Daniel Novoa en Ecuador, Javier Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia. Ellos se declaran incondicionales del imperio, como ya lo ha hecho Abelardo de la Espriella. En todos estos países la falta de libertades, el incremento del desempleo y la inseguridad social viene generando protestas con muertos y miles de presos. Es lo que le espera a Colombia si nos vamos por la vía del fascismo.
Los estudiantes de universidades públicas han iniciado movilizaciones declarando un Estado de alerta para defender su derecho a la educación, la democracia y la libertad, hoy en peligro. Eso deberían hacerlo también los obreros, los campesinos y todos los grupos sociales amenazados.